La necrofilia de las comunidades autónomas.

Will McAvoy, el periodista republicano protagonista de The Newsroom, dice en el primer capítulo de la serie que la gente ya no elige las noticias que quiere, que la gente escoge los hechos que quiere. Terrible y cierto, como cualquiera puede comprobar pasando diez minutos al día en las redes sociales o leyendo de vez en cuando los comentarios de las noticias en las web de los distintos periódicos. Los medios se han vendido a las audiencias y el clickbait y los ciudadanos se han refugiado en el cherry picking para que la realidad no les estropee su visión del mundo. Eso que han oído ha sido una bofetada de la RAE por el doble anglicismo.

McAvoy consideraba la labor del periodista una misión civilizadora. Buscar la verdad, perseguir la evidencia y todas esas mandangas. Con esas armas, el ciudadano puede enfrentarse a la realidad y tomar decisiones informadas conociendo los hechos, las opciones y las consecuencias.

De un tiempo a esta parte, en medios de todo tipo, color y accionariado, se viene sucediendo una curiosa y pertinaz campaña contra el impuesto de sucesiones. Una campaña llena de mentiras, equívocos y medias verdades con el objetivo de convencer al ciudadano de a pie de que es un impuesto injusto y desproporcionado y de que Montoro se pasea de madrugada por los cementerios buscando tumbas frescas para hurgar en sus declaraciones de la Renta. En estos tiempos de indignación dospuntocero en los que vivimos, en los que todos somos activistas de retuit y puñitos cerrados, muchos se han subido al carro sin darle dos vueltas al asunto, sin contrastar si los argumentos de los abolicionistas son verdad o mentira o si ellos, sin más patrimonio que un tapiflex, son potenciales perjudicados o beneficiarios indirectos del citado impuesto.

A Ávila no ha llegado el AVE, ni Zara ni el Corte Inglés, pero sí la marejada contra el impuesto de sucesiones. El otro día, Avilared publicaba una columna de opinión firmada por Gabriel Téllez titulada: “El expolio sobre las herencias: robando vengo, robando voy”. El argumento es el ya expuesto: el citado impuesto es una infamia y las culpables son las malvadas comunidades autónomas, sus “onerosas estructuras administrativas” y sus dirigentes, personificados en Susana Díaz, presidenta de Andalucía. Nos ahorramos el calificativo de mal gusto que usa el autor para referirse a ella.

El artículo arranca lanzándonos una andanada al corazón: una pobre jubilada de mirada tierna casi se arruina para mantener los coches oficiales de los presidentes autonómicos. Tuvo que “reunir de aquí y de allá 80.000 euros para pagar por una herencia siempre sobrevalorada en exceso por la Hacienda regional de Asturias”. Todo mentira. La señora heredó 300.000€ en metálico de un hermano fallecido en Venezuela y el impuesto lo recaudó el Estado, pues el difunto no tenía residencia en España.

Con esto, con la Ley 29/1987 y con el Decreto 1018/1967 que regulaba el impuesto de sucesiones durante la Dictadura, valdría para desmontar la tesis principal de la columna, pero podemos seguir echando un ojo a los terribles casos que denuncia para atemorizar a la cuenta corriente del lector. Malagueño en paro tiene que pagar casi treinta mil euros por el piso heredado de sus padres. Nos faltan datos, pero podemos dudar de la veracidad del caso porque en Andalucía las herencias inferiores a 250.000€ están exentas y existe una bonificación del 95% sobre el valor de la vivienda habitual de los fallecidos. ¿Cuánto valdría la vivienda para que el importe a pagar ascendiese a la cantidad referida en la columna? Prácticamente lo mismo podemos decir del caso de Coria del Río, aunque la escasez de datos nos impide profundizar más.

En una cosa sí tiene razón el artículo, al César lo que es del César. Mucha gente evita pagar el impuesto utilizando diversas técnicas de ingeniería fiscal, como la creación de empresas holding para evitar que determinados bienes paguen impuestos. ¿Pero desde cuando la solución a un fraude o a un delito es eliminar la figura penal? ¿Retiramos las señales de prohibido aparcar si mucha gente hace caso omiso de ellas?

Defender la supresión o modificación de un impuesto puede ser egoísta pero es perfectamente legítimo, pero mentir —por acción, omisión o estadística— es feo. El Impuesto de sucesiones es un impuesto justo y profundamente redistributivo que afecta a muy pocas personas, no precisamente de clase media y baja, y contra el que se está levantando una campaña absurda sostenida sobre mentiras y anécdotas que solo beneficia a unos pocos. Una campaña que solo pretende confundir al ciudadano para convertirlo en infantería de una reivindicación que le perjudica. Una más.

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