El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte III)

Y llegó el final. Os traemos la tercera parte de El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cortesía de Blasco Jimeno. Tercera colaboración de este abulense que ya nos dejó hace algún tiempo la primera y la segunda parte. Muchísimas gracias por las tres aportaciones y por el trabajo que has realizado. Para los demás, ya sabéis… En esta página encontraréis información sobre cómo colaborar con nosotros.

El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte III)

abril1980

Los antiguos reinos de Castilla y León han mantenido a lo largo de los siglos
una identidad histórica y cultural claramente definida dentro de la plural unidad
de España. Al ejercer por abrumadora mayoría de sus instituciones representativas
provinciales y locales, el derecho a su Autonomía, en los términos que establece
la Constitución española, el pueblo castellano-leonés ha expresado su voluntad
política de organizarse en Comunidad Autónoma, reanudando así aquella identidad.
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 1983.

1979 y en octubre para más señas, las envidias y anhelos de unos pocos estaban a punto de acabar con el deseo de intelectuales, empresarios y demás regionalistas de conseguir una Comunidad Autónoma Castellanoleonesa robusta dentro de España. Una Castilla y León tan fuerte, que en las futuras negociaciones fuese capaz de conseguir las mismas inversiones para la tierra que los nacionalismos periféricos para sus regiones. Una Castilla y León dispuesta a sacudirse de encima sus tradicionales problemas: despoblación, subdesarrollo, etc.

La Constitución prescribía que la mayor parte de los ayuntamientos de cada provincia de la futura comunidad autónoma se pronunciase favorablemente para su inclusión. Y, además, daba un plazo de seis meses desde que el primer ayuntamiento se pronunciase para que los demás lo hiciesen. Pues bien, el plazo para Castilla y León acababa el 25 de abril, y con esa fecha como referencia, comenzaron las negociaciones de la UCD para que el PSOE regresase al Consejo. Estas negociaciones se centraron en el papel de las diputaciones, la representación provincial igualitaria o la vía de acceso a la autonomía, bien por el artículo 143 o por el 151. Parece mentira, pero esas discusiones, que se llevaron a cabo en una decena de reuniones, fueron clave para gestar la Comunidad Autónoma que hoy conocemos. Gracias a que se renunció a la idea de una mancomunidad de provincias (como se constituyó Castilla – La Mancha) y se consiguieron unos puntos de acuerdo en el resto de asuntos (uno de los más significativos fue el uso del artículo 143 para alcanzar la autonomía, para disgusto de los regionalistas, que pensaban que un referéndum ayudaría a crear una conciencia castellanoleonesa) el PSOE dio el OK para seguir con el proceso.

Sin embargo, el pobre proceso autonómico sufrió un nuevo golpe antes de acabar el año, aunque esta vez por el otro costado. En diciembre, el presidente del Consejo General, Reol Tejada, aceptó un puesto político en Madrid como secretario general de política territorial de la UCD. Este cargo era incompatible con su liderazgo de la autonomía, debido a la dedicación que exigían ambos puestos. En los mentideros políticos se comentaba cómo las decepciones que había sufrido Reol en los meses anteriores (el abandono del PSOE, las tensiones con las diferentes provincias y la actitud de la UCD segoviana) habían pesado en la decisión, que llevó a su dimisión como presidente en el mes de marzo. Sin embargo, para no dejar su trabajo sin terminar, con las votaciones locales en marcha (la mayor parte de los ayuntamientos de Ávila y Palencia ya se habían pronunciado, pero faltaban el resto de provincias) hasta el mes de julio no es sustituido.

El tiempo siguió inexorable su curso y pocos días antes de que acabase el plazo sólo siete provincias habían aceptado entrar en la nueva Comunidad Autónoma: Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. La inmensa mayoría de los ayuntamientos de León aún no había tomado una decisión. Aquí es cuando entra en escena Rodolfo Martín Villa, cuya biografía os invito a consultar en Wikipedia  (link aquí http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Mart%C3%ADn_Villa), porque desde los años 60 no ha dejado de estar en todos los fregados políticos,  con Franco o con la Democracia. De hecho, hoy día sigue en el candelero: hace unas semanas, fue nombrado consejero del famoso banco malo SAREB.
En abril de 1980 Martín Villa era Presidente de la Comisión de Autonomías de la UCD, líder del partido en la provincia de León y su nombre sonaba como futuro ministro de Administración Territorial (cuatro meses más tarde se cumplieron los rumores). Tanto dentro del partido como en las cortes de Madrid, Martín Villa había sido el principal defensor de una política racional para crear nuevas autonomías, estando totalmente en contra de las comunidades autónomas uniprovinciales y en consecuencia, desde su puesto de Presidente provincial del partido presionó a todos los concejales centristas (especialmente en la capital y en Ponferrada) para que votasen a favor de la incorporación. Desde el punto de vista nacional, a la UCD le interesaba que León estuviese junto a Castilla porque, tal y como estaban saliendo las cosas, con las victorias nacionalistas en País Vasco y Cataluña, era necesario crear una Comunidad fuerte, de centro-derecha, y de carácter español. Y, desde el punto de vista regional, la UCD vio la oportunidad de complacer al PSOE (y a otros partidos, como el comunista), que defendían la unión de la provincia a Castilla. Así, tras varias negociaciones, el PSOE y la UCD de León llegaron a un acuerdo para que sus concejales votasen a favor de la integración, y en los últimos 9 días permitidos (entre el 16 de abril y el 25 de abril) la provincia leonesa cumplió los requisitos constitucionales para entrar en Castilla y León.

Una vez superada la encrucijada, con los políticos de la región un pelín más relajados, en julio se renovó otra vez el Consejo General al que se reincorporaron representantes de León y en el que no había segovianos que, para quienes no se han leído las dos primeras partes de este texto (¡muy mal!) recordamos que la provincia de Segovia había comenzado el proceso para convertirse en una Comunidad Autónoma uniprovincial. También se eligió un nuevo presidente para sustituir a Reol Tejada: José Manuel García-Verdugo, del partido con más representantes en el Consejo, la UCD. Entre las funciones del nuevo Consejo, se incluía la redacción del primer (y anhelado) Estatuto de Autonomía de la región. Sin embargo, lo que ocurrió en España en los meses siguientes, incidió profundamente en la escritura de la nueva norma.

Nos encontramos a finales de 1980 – principios de 1981, con una España sumida en la segunda crisis del petróleo, con una gran inflación, paro y fuga de capitales, políticamente descentrada por el proceso autonómico, la violencia de ETA y los GRAPO, el descontento militar y sindical. En este ambiente y bajo la presión de su propio partido, también en crisis, nuestro paisano, Adolfo Suárez, dimite el 29 de enero de 1981. Leopoldo Calvo Sotelo es el encargado de formar nuevo gobierno, pero en su primera votación no obtiene la confianza del congreso. En el segundo intento, algo se lo impide:

Aunque ahora recordamos el 23F como un hecho aislado, una anécdota del tipo de las de “que hacías tú el…”, la influencia del golpe de estado en la política territorial fue tremenda. Tras la “iniciativa” del Teniente Coronel Tejero se escondía el miedo de los militares a una ruptura de España entre tanto lío de Lehendakaris, referendums regionales y demás pamplinas. Explícale tú a un militar de los de toda la vida y carrera franquista, que España ya no es Una. Los políticos, mientras estaban debajo de sus escaños, captaron el descontento del ejército con el proceso autonómico y se propusieron acabar con él y con sus desmanes, haciendo que con su fallido golpe de estado, los militares de ideas más rancias, en cierta forma, triunfaran. Sólo una semana después de su nombramiento, el nuevo presidente Calvo Sotelo encargó a un abogado cántabro, Eduardo García de Enterría, que dirigiese una comisión de expertos para analizar la situación de los procesos autonómicos y encontrara la forma más sencilla de concluirlos. Las conclusiones de esta comisión se recogieron en el denominado “Informe Enterría”, que recomendaba eliminar la mayor parte de las iniciativas autonómicas uniprovinciales por medio del artículo 144 de la Constitución, que daba poder a las Cortes Generales para sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a la hora de pedir la integración en una Comunidad Autónoma.

Tanto la UCD, partido en el gobierno, como el PSOE, principal partido de la oposición, estuvieron de acuerdo con el Informe y, en una reunión en La Moncloa entre Calvo Sotelo y Felipe González , el 31 de julio de 1981, lo pusieron en práctica, cerrando el mapa autonómico de España. Los denominados “Acuerdos Autonómicos” que salieron de la reunión establecieron un mapa de diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y donde Castilla y León se compondría de 9 provincias, incluyendo  León y Segovia y dejando que Logroño y Santander formasen La Rioja y Cantabria, respectivamente. Desde el punto de vista ejecutivo, los Acuerdos Autonómicos obligaron a las Comunidades Autónomas que no habían terminado su proceso fundacional a seguir el artículo 143. Es decir que, salvo Cataluña y el País Vasco, que habían aprobado sus estatutos en 1979 y Galicia que había ratificado el suyo en 1981 (con el truco que vimos en la parte anterior para saltarse los requisitos del artículo 151), las demás regiones deberían contentarse con un nivel de competencias inferior.
Pese a las reticencias de la UCD, se respetó que Andalucía siguiese la vía del artículo 151, puesto que ya había celebrado su referéndum (con alguna trampa en el recuento) en 1980. Por supuesto, las regiones con los políticos más tenaces (Navarra, Canarias y Valencia) consiguieron procesos específicos y alcanzaron desde el primer momento la plena autonomía.

Volviendo a la esfera regional, que la UCD y el PSOE pactasen en Madrid, no significaba que en Castilla y León fuesen de la mano. Y de hecho, el 22 de junio de 1981 el texto base del Estatuto de Autonomía se aprobó sin el apoyo del PSOE. Este proyecto, ahora 30 años más tarde, nos parece de política ficción. En él se elegía Tordesillas como la capital de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales tenían más poder que las Cortes Regionales y en el sistema electoral las provincias menos pobladas (y menos izquierdosas) tendrían más representación.

Pero la crisis de la UCD impidió la tramitación de este proyecto de Estatuto que hubiese creado una Castilla y León totalmente diferente. En el ámbito nacional los problemas de la UCD pasaban por la dimisión de ministros, las tensiones de las sedes regionales, la mala situación económica y la crisis del aceite de colza que había difundido la corrupción generalizada dentro del partido, mientras que en la UCD de Castilla y León  el proceso autonómico segoviano era otra fuente de tensión. Mientras el Consejo seguía con la negociación del traspaso de competencias, la UCD se rompió. El 29 de julio de 1982, Adolfo Suárez formó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social. Ante ese panorama, Calvo Sotelo decidió convocar elecciones para el 28 de octubre de 1982.

Hay gente que dice que con la victoria del PSOE en dichas elecciones la Transición se pudo dar por acabada. Sin embargo, en nuestra región aún nos quedaba camino que recorrer. La derrota de la UCD fue estrepitosa: perdió 155 escaños y Alianza Popular, el partido político de Manuel Fraga, recogió el voto de centro derecha, convirtiéndose en el principal partido de la oposición. En Castilla y León, el resultado de las elecciones, PSOE: 18 diputados, AP: 13 diputados, UCD: 3 diputados, CDS: 1 diputado (por Ávila, of course), obligó a cambiar el Consejo General, puesto que hasta el propio Presidente García-Verdugo no había conseguido acta de diputado (no obstante, repitió como presidente gracias a un chanchullo negociado con AP). En la renovación, la UCD conservó la mayoría, dado que los representantes en el Consejo por parte de las diputaciones no cambiaban y todos eran centristas. Sin embargo, perdió la mayoría absoluta, lo que obligó a negociar un Estatuto de consenso.

enero1983

La irrupción de Alianza Popular, un partido que no había suscrito los Pactos Autonómicos y cuyas declaraciones hasta la fecha eran en contra de la autonomía, propició las últimas tensiones territoriales, quizás motivadas por la proximidad de elecciones locales. Por un lado, la provincia de Burgos, encabezada por el Ayuntamiento de Villadiego, pidió la secesión agraviada por la pérdida de la capitalidad en favor de Valladolid (se podría decir que querían tomar las de Villadiego :P) y por otro lado, León, donde a pesar de que la UCD no había perdido tantos votos en esa provincia, varios alcaldes (entre ellos el de León capital y Ponferrada) y el gobierno de la Diputación se echaron atrás y comenzaron a pedir la secesión y el comienzo de un proceso autonómico uniprovincial.

El problema burgalés fue más sencillo de solucionar, ya que el Presidente de la Diputación, Francisco Montoya, no secundaba las tesis secesionistas de algunos de sus ayuntamientos. El 21 de enero de 1983, el presidente del Consejo, García-Verdugo, escribió una carta a los ayuntamientos de Burgos en los que defendió la necesidad de una Castilla y León fuerte para la defensa de España y de la región en España. Después de su carta, muchos ayuntamientos recularon y trasladaron todas sus energías a pedir simplemente la capitalidad. He aquí la razón por la que Castilla y León no tiene oficialmente capital. Las negociaciones de los redactores del Estatuto con los burgaleses (y con los representantes de otras ciudades candidatas) hicieron que en el texto fundacional se indicase que la capital se elegiría posteriormente en otra ley. No hace falta que os diga que treinta años después esa ley aún no existe, aunque todos sabemos cual es la capital de facto de la región. De aquellas negociaciones, Burgos no se fue con las manos vacías, y  consiguió ser nombrada sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El asunto leonés era mucho más áspero. Las encuestas mostraban que una ligera mayoría de leoneses preferían la opción uniprovincial  y Rodolfo Martín-Villa, que había sido el responsable de la integración de León en el proceso autonómico, había dimitido como diputado tras su fracaso en la contención de los miembros secesionistas de su partido. El día 29 de enero de 1983 se organizó una manifestación bajo el título “León sin Castilla” que tuvo bastante éxito (los presentes coreaban eslóganes como “un bote, dos botes, castellano el que no bote” y “León sin Castilla, una maravilla”). Inmediatamente después de la concentración, Alianza popular presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Estatuto en la comisión Constitucional, que propició un intenso debate en la Cámara. Por un lado, se discutió sobre las razones políticas, demográficas y legales que existían para proponer una comunidad autónoma leonesa y, por otro, se deliberó sobre si la legislación permitía a provincia echarse atrás una vez que se había apuntado a un proceso autonómico. Las conclusiones de este debate hicieron que Alianza Popular se quedase sola en su defensa del leonesismo y, tras sendas votaciones en el Congreso y en el Senado, se decidió rechazar la enmienda a la totalidad de AP y la provincia de León se quedó definitivamente integrada en Castilla y León.

cuellarTodo esto ocurrió un par de semanas antes de la aprobación del Estatuto en las Cortes. Pero aún quedaba un fleco suelto: la integración de Segovia.
Desde la retirada de Modesto Fraile y los diputados segovianos de la Consejo General de Castilla y León, en Segovia había comenzado un movimiento para formar su propia autonomía. La opinión pública española pensaba que se trataba de un caso flagrante de caciquismo exacerbado por parte de Modesto Fraile y la cúpula de la UCD segoviana. Las llamadas al orden por parte de la UCD nacional y la UCD regional no habían funcionado y la Diputación segoviana, a partir de tres informes, uno histórico, otro legal y otro socioeconómico (el histórico era un informe anónimo) decidió el 31 de julio de 1981 comenzar su proceso autonómico uniprovincial.
Todos los ayuntamientos pequeños de la UCD se mostraron a favor de la autonomía segoviana, trece ayuntamientos del PSOE y uno independiente votaron en contra. Segovia capital en un pleno histórico se posicionó en contra del proceso autonómico, empatando el marcador. Así pues, todo quedaba en manos de Cuéllar, la segunda población más grande de la provincia, que en la prórroga tenía que decidir el partido entre una Segovia independiente o una Segovia sin comunidad autónoma a la que las cortes integrarían en Castilla y León. Para darle más emoción, como si fuese la final de un mundial, resulta que Cuéllar era el pueblo natal de Modesto Fraile, era el lugar donde ejercía como concejal el Presidente de la Diputación, el secesionista Rafael de las Heras, y, por si fuera poco, el Ayuntamiento contaba con mayoría absoluta de la UCD.
Todas estas circunstancias hacían probable la victoria del uniprovincialismo. Sin embargo, había un factor que no se había tenido en cuenta hasta el momento y es que los habitantes del pueblo estaban totalmente a favor de integrarse en Castilla y León. Se constituyeron en el “Colectivo Cuellarano pro-Castilla y León”, y organizaron manifestaciones a favor de la integración de Segovia en la Comunidad Autónoma.

En una primera votación, el día 7 de octubre de 1981, Cuéllar decidió apoyar la vía uniprovincial por 7 votos a 6. El escándalo en la sala, repleta de vecinos, fue mayúsculo y los concejales no pudieron salir del Ayuntamiento hasta las 3 de la madrugada. El Partido Socialista impugnó el acuerdo y el Ayuntamiento, presionado por sus ciudadanos, decidió reconsiderar su decisión y realizar una nueva votación el día 3 de diciembre de 1981 en la que ganó el no a una Segovia independiente por 7 votos contra 6. La diputación de Segovia recurrió de nuevo la votación de Cuéllar, pero la crisis de la UCD primero, la victoria del PSOE después y la poca pasión de las Cortes Generales por conceder la autonomía a los segovianos después de los Acuerdos Autonómicos y el Informe Enterría evitaron que la decisión de Cuéllar cambiase. Días después Modesto Fraile abandonó la UCD y pasó al grupo mixto. El fracaso de Segovia la convirtió en la única provincia (junto con Ceuta y Melilla) que dependía del Estado Central. A finales de 1982 comenzaron los movimientos para aplicar el artículo 144.c a la provincia e incluirla en Castilla y León. Sabiendo que esa Ley se iba a aprobar, el Estatuto de Castilla y León pasó los últimos trámites y fue sancionado el 25 de febrero por el Rey. Cuatro días más tarde las cortes aprobaban la ley por la cual Segovia se incorporaba a Castilla y León, concluyendo así el proceso autonómico y naciendo la Castilla y León actual. La Castilla y León que todos conocemos y tras treinta años, nos parece que ha estado ahí toda la vida.

marzo1983

Fuentes:
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. UVa, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid
Cuando Segovia pudo ser una comunidad autónoma (1978-1983) http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=15734.0

El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte II)

Continúa la semblanza sobre el origen de Castilla y León que ha preparado Blasco Jimeno (@avilaencastilla)) desde Holanda para este blog. La primera parte la podéis encontrar en este enlace. 

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Vosotros sois dueños de vuestro destino, pero Castilla y León son
imposibles de entender sin León, cuna del Condado Castellano;
Logroño, origen de la lengua y Santander, punto de partida.
J. M. Reol Tejada Junio de 1976

24 de abril de 1977 era la fecha en la que nos habíamos quedado mientras repasábamos la historia contemporánea de Castilla y León. Ese día, bajo un cielo nublado, los regionalistas festejaban en Villalar de los Comuneros que Castilla y León era capaz de autogobernarse por primera vez en mucho tiempo. La satisfacción de haber creado la Mancomunidad de Diputaciones Castellano-Leonesas bien valía una jota con el Nuevo Mester de Juglaría o buen trago de la bota de vino. En el escenario de la campa, la influencia de las elecciones que se iban a celebrar en junio se notó en los discursos políticos. Daba igual la ideología del arengador, todos coincidían en que Castilla y León necesitaba mayor autonomía. La Mancomunidad estaba recién creada y ya sabía a poco. El siguiente vídeo, de ámbito nacional, nos ayuda a situarnos en el ambiente electoral de aquel momento:

El 15 de junio de 1977, en un ambiente de gran alegría, con todo el mundo cantando el libertad, libertad, y cosas así (al estilo Cuéntame), los españoles votaron con absoluta independencia por primera vez desde la Segunda República. El partido elegido por la mayoría fue la UCD (para lo más jóvenes: Unión de Centro Democrático) del cebrereño Adolfo Suárez con un 34% de los votos, seguido del PSOE del jovencísimo Felipe González con el 29%.

Noviembre de 1976. Adolfo Suárez en el Adolfo Suárez

En Castilla y León, la victoria de la UCD fue mucho más abultada, consiguiendo una amplísima mayoría frente al PSOE y a una muy minoritaria Alianza Popular.

El PCE no consiguió ningún diputado por nuestra región. En Ávila la UCD arrasó y  consiguió los tres diputados que se podían obtener por nuestra provincia, lo cual es lógico teniendo en cuenta que Adolfo era de la tierra y además tenía un estadio de fútbol con su nombre. Cuatro días más tarde la Legislatura Constituyente comenzó.

Mientras se escribía la nueva constitución, los diputados y senadores catalanes y vascos se agruparon en asambleas regionales de parlamentarios. Dado que los acababa de elegir el pueblo, se consideraban los representantes legítimos de su región y era con ellos con quien el gobierno debía negociar la preautonomía. Rápidamente fueron imitados por el resto de regiones españolas.

En cuanto a Castilla y León el proceso fue un poco más lento y complejo. Primero se celebró una reunión en Madrid con los diputados y senadores del ámbito castellano (León, Castilla La Vieja y Castilla La Nueva) en la que se decidió que las dos Castillas debían de estar separadas (en contra de unos pocos defensores de la “Gran Castilla”) y que el problemón de colocar a Madrid correspondía exclusivamente a Castilla la Nueva. Con esa base, las reuniones entre los parlamentarios de León y Castilla La Vieja se centraron en configurar el territorio de la nueva comunidad castellanoleonesa.

Logroño se encontraba en trámite de cambiar el nombre de su provincia a La Rioja y pidió ser una comunidad autónoma uniprovincial. Los diputados de Santander se encontraban divididos incluso dentro de los propios partidos políticos, una mitad quería estar en Castilla y León y la otra mitad prefería que su provincia estuviese sola.

Y por último, León, convencida de su identidad propia, se mantuvo a la expectativa. Aun así, como todavía no se sabía qué iba a decir la nueva constitución y los rumores y comentarios de expertos hacían pensar que la formación de nuevas comunidades autónomas uniprovinciales iba a ser muy difícil, las tres provincias reticentes estuvieron presentes (aunque fuese de manera exclusivamente testimonial) en la constitución de Asamblea de Parlamentarios y Diputados provinciales de Castilla y León que tuvo lugar en Valladolid cuatro meses después de las elecciones, el 31 de octubre de 1977.

El siguiente paso consistía en que el Gobierno reconociese a la Asamblea y le concediese la preautonomía. Tras meses de negociaciones, en junio de 1978, el Gobierno aprueba la preautonomía a Castilla y León a través del Real Decreto-Ley 20/1978. Dicho decreto estableció que el poder del pueblo castellanoleonés residía en una especie de protoparlamento denominado Consejo General de Castilla y León formado por un representante de cada Diputación Provincial y cuatro parlamentarios de cada provincia de los cuales tres tienen que ser del partido político más votado y uno de un partido de la minoría (es decir, que la composición final fue 32 consejeros de la UCD, 7 del PSOE y 1 independiente por Soria). De este Consejo se elegiría una Junta de Consejeros que tendría labores ejecutivas. El Real Decreto indicaba también que la preautonomía se concedía en principio a las once provincias de León y Castilla La Vieja pero que los parlamentarios de cada provincia debían decidir por mayoría de dos tercios si querían unirse al proceso preautonómico. León, Logroño y Santander votaron en contra, por lo que, al no unirse a Castilla y León y al negarse el Gobierno de España a reconocer más entidades preautonómicas, se quedaron fuera del proceso preautonómico.

El día 22 de julio, en el castillo de Monzón de Campos, se constituyó el Consejo General de Castilla y León. Los encargados de la Diputación de Palencia, conscientes del momento histórico que vivían, engalanaron el castillo. Acudieron ministros, intelectuales y miembros de partidos políticos sin representación como el PCE, el PTE o PANCAL (no fue nadie de León, Logroño o Santander). Y se eligió al Presidente de la Junta de Consejeros, el primer presidente de una Castilla y León autónoma. El escogido fue Juan Manuel Reol Tejada (UCD), al que ya conocíamos en este repaso por la historia de nuestra región porque era el hombre al que abucheaban en el vídeo sobre Villalar de la primera parte. Los asociados de Alianza Regional y el Instituto Regional, tan activos en la primera parte de nuestra historia, asumieron que a partir de esta reunión el protagonismo en la consecución de la autonomía lo asumían los políticos.

La siguiente reunión se celebró en el Palacio de la Salina de Salamanca. En este encuentro se constituyó una Junta de Consejeros marcada por el consenso, con la primera vicepresidencia para un consejero del PSOE y casi la tercera parte de las consejerías también en manos del PSOE. La aparente unidad del Consejo General se dinamitó a la hora de tratar el primer asunto polémico: cuál iba a ser la capital de Castilla y León.  Algunos propusieron Valladolid, pero los representantes de Burgos, Salamanca, Segovia, etc. se negaron al pensar que se trataba de una nueva forma de centralismo. Otra opción era Tordesillas, centro logístico de la región, pero se desechó al considerar que era un Valladolid “camuflado”. Burgos como “Cabeza de Castilla” dijo que debía ser la capital, pero las provincias del sur la rechazaron por ser demasiado periférica. La propuesta que más gustaba era Palencia, pero al final se decidió que para no salir de la primera reunión a golpes la capital estaría del que proviniese el Presidente de la Junta (en este caso Burgos) y, de igual forma, la sede de las consejerías de igual forma estaría en el lugar del que procediese el Consejero. Así, Segovia se convirtió en la sede de la Consejería de Interior y en Ávila se instaló la sede de la Consejería de Educación.

Con el paso del tiempo, la situación en el Consejo estuvo cada vez más tensa. Nuevas discusiones por la bandera, por el papel de las diputaciones (UCD era partidaria del modelo de mancomunidad y el PSOE quería que desaparecieran) o por las competencias que se debían conseguir enfrentaban cada vez más a los participantes del Consejo. La verdad es que si la sangre no llegó al río fue porque los consejeros, al ser la mayoría diputados, se encontraban centrados en los debates de la nueva constitución y el tiempo que dedicaban a los asuntos autonómicos era mínimo. El tiempo entre reuniones se fue dilatando y, sin apenas acuerdos ni avances, llegó el otoño, y con él la Constitución, que fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre y ratificada por los españoles en referéndum el 6 de diciembre (como es habitual, la participación en Castilla y León fue superior a la de la media de España).

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el
derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.


Artículo 2 de la Constitución Española de 1978

La Constitución acuñó el término Comunidades Autónomas, entidades territoriales con competencias similares a las de los estados de un país federal, pero sin ser una federación, algo expresamente prohibido en el artículo 145,1. Como las Comunidades Autónomas era algo totalmente nuevo y aún no existía ninguna, la Carta Magna también incluía las reglas para formar una. En primer lugar, si unas provincias se querían constituir en Comunidad Autónoma era necesario que además de ser limítrofes tuviesen lazos históricos, culturales y económicos comunes. Luego, cada una individualmente debía dar una serie de pasos para confirmar su adhesión.

El problema era que la Constitución contemplaba dos caminos. Uno era sencillo (artículo 143): había que conseguir en menos de seis meses que la Diputación y dos tercios de los ayuntamientos de la provincia, que tuviesen censados a la mayoría de la población, aprobasen la incorporación. Si alguna provincia no superaba sus requisitos, el resto podía continuar con el proceso sin contar con ella. Elegir este camino fácil tenía el inconveniente de que la nueva Comunidad Autónoma empezaría apenas sin competencias y además tendría que esperar al menos cinco años (artículo 148) para, ojo, empezar a negociar su traspaso.

Si los políticos de la futura Comunidad no podían o no querían esperar a manejar en su región la educación, el trabajo, la seguridad social o incluso a tener sus propios canales públicos de televisión y radio, tenían la opción de escoger el camino difícil (artículo 151), que era igual que el fácil pero exigía que, en lugar de la aprobación de dos tercios de los ayuntamientos, fuesen necesarios tres cuartos y además (aquí viene lo verdaderamente complicado) lo tendrían que aprobar por mayoría absoluta los ciudadanos de cada provincia en referéndum.

Creo que es necesario, para que os deis cuenta del miedo que tenían los políticos al pueblo (eso no ha cambiado con el tiempo) que, aunque rompa un poco el desarrollo de mi historia, os adelante que sólo una de las diecisiete Comunidades Autónomas actuales eligió el artículo 151 para constituirse: Andalucía (de hecho la fiesta de la Comunidad, el 28 de febrero, conmemora su referéndum).

Cataluña, Galicia y País Vasco consiguieron esquivar los duros requisitos del artículo 151 y a la vez pedir todas las competencias sin esperar los cinco años gracias a que sus políticos independentistas en las Cortes consiguieron que se incluyese una nota al final de la Carta Magna (Disposición Transitoria Segunda) que decía que, como ellos ya habían tenido un referéndum en la Segunda República (la Constitución dice literalmente: territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía) pues que ya no hacía falta que lo hiciesen de nuevo. Esto provocó una gran polémica (técnicamente se habían creado dos categorías diferentes de CCAA) y descontento en toda España y añadió un poquito más de presión a la ya complicada situación política de la Transición (algunos ya buscaban sus sables para hacer ruido con ellos), pero, en fin, al pueblo llano no le debió importar mucho las “cuestiones técnicas” de las autonomías porque sólo el 8% de los participantes votaron en contra.

La Constitución especificaba que, para empezar el proceso de votación de las provincias, era necesario que los municipios y diputaciones fuesen elegidos en unas nuevas elecciones. Adolfo Suárez convocó elecciones generales para el 1 de marzo y municipales para el 3 de abril de 1979. El resultado de estos comicios fue que a nivel nacional y regional, la UCD volvió a ganar las elecciones generales (en Ávila otra vez consiguió los 3 diputados posibles). Sin embargo, en las primeras elecciones municipales democráticas en 46 años, gracias a la ausencia de circunscripciones electorales, la izquierda ganó muchos ayuntamientos importantes mediante acuerdos entre el PSOE y el PCE. El siguiente vídeo muestra un resumen muy interesante hecho por TVE pocos días después de las elecciones:

http://www.rtve.es/swf/4.0.37/RTVEPlayerVideo.swf

En nuestra región, a pesar de obtener la UCD una gran mayoría de diputados y senadores en las Cortes y en las Diputaciones Provinciales, la balanza de poder entre la izquierda y la derecha se niveló debido a que el PSOE se hizo con los ayuntamientos de Valladolid y Salamanca y sin la aprobación de estos municipios Castilla y León no se podría constituir como comunidad.

Así, el 9 de junio se celebró en Salamanca una reunión para actualizar el Consejo General de Castilla y León con los nuevos consejeros elegidos en los anteriores comicios. Debido a la mayoría de los centristas en el Consejo, Reol Tejada fue reelegido Presidente sin problemas. Las cosas parecían que iban bien hasta que se trató quien sería el representante de la minoría por cada provincia. El intento de la UCD de que los elegidos por Soria y Zamora fuesen un senador independiente y un miembro de Coalición Democrática, respectivamente, hizo que los consejeros del PSOE abandonasen la reunión y más adelante, el Consejo General.

Sin el apoyo de los socialistas el proceso autonómico catellanoleonés quedaba totalmente abortado. Todos esperaban que la UCD moviese ficha para recuperar el consenso, pero su situación interna no era mucho mejor. Entre sus políticos (como entre los de la Transición) había de todo: gente ilusionada por la nueva libertad, caraduras en busca de una oportunidad, franquistas más o menos nostálgicos, antiguos caciques con miedo a perder su poder o personas con ganas de cambio. Si a la ecuación le sumas la inmensa cantidad de dinero que estaba en juego, se entiende perfectamente el origen de sus conflictos internos. Cuando los centristas comenzaron a negociar el regreso del PSOE al Consejo, la unidad de la UCD se rompió por donde menos se esperaba.

El 15 de octubre había una reunión en Burgos de la Junta de Consejeros. Mientras los Consejeros esperaban a que llegasen los anfitriones burgaleses, el Consejero de Interior, Modesto Fraile (defensor acérrimo del papel de las Diputaciones Provinciales ―sus enemigos preferían decir que era un defensor del caciquismo provincial―, Diputado por Segovia y líder de la UCD en la misma provincia) montó en cólera y abandonó la Sala de Juntas de la Diputación de Burgos alegando que era inadmisible que los anfitriones burgaleses (recordemos que eran de su mismo partido) hiciesen esperar a los que habían viajado a Burgos cuando lo lógico era que les recibiesen en la puerta.

Dos días más tarde, Fraile organizó una rueda de prensa en la que anunció que los parlamentarios segovianos de su partido se retiraban del Consejo y que pretendían comenzar el camino para hacer de Segovia una Comunidad Autónoma independiente. Alegó la existencia de un nuevo centralismo vallisoletano y que las propuestas segovianas no habían sido escuchadas. Nadie (fuera de Segovia) tomó en serio a Don Modesto (todo el mundo sabía que estaba muy enfadado por el reparto de dinero de la Confederación Hidrográfica del Duero) y su movimiento fue interpretado como un intento de perpetuarse como Cacique. Pero el daño ya estaba hecho y la prensa especulaba con la ruptura de Castilla y León en varias regiones pequeñas y sin fuerza en la futura España autonómica: una la de León, con Salamanca, Zamora y León, otra con Segovia, Ávila y Soria y varias regiones con las provincias que quedaban (las apuestas eran Santander y Palencia y Valladolid, Burgos y Logroño).

La situación no podía pintar peor para los que esperaban una Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa. A la ausencia inicial de Logroño y Santander y la indecisión de León se sumaba la espantada segoviana. El PSOE también había abandonado el proceso y Alianza Popular estaba totalmente en contra. La crisis de la UCD paralizaba cualquier negociación y por si fuera poco, en esas fechas comenzaron a aparecer amenazas de rupturas dentro de las propias provincias. Por un lado estaban las presiones vascas para quitarle Treviño a Burgos y por otro el comienzo de movilizaciones en el Bierzo para formar una nueva provincia y unirse a Galicia. Lo peor de todo era que algunos ayuntamientos ya habían empezado a votar su incorporación a la región por lo que los seis meses que daba la Constitución habían comenzado a correr y quedaban menos de cuatro para poner a todo el mundo de acuerdo. Los intereses personales y partidistas de unos pocos habían dejado el proyecto en una terrible encrucijada. El sueño de una Castilla y León autónoma cada vez se veía más difuso y muy, muy pocos pensaban que se fuese a conseguir.

Fuentes:

La Comunidad Autonómica de La Rioja en el Proceso Autonómico Español (1975-1996), Ignacio Granado Higelmo
El Adelantado de Segovia, 16 de octubre de 1976, página 6 y 18 de octubre de 1976, página 3
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. UVa, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid

Imágenes:

Elecciones 1979: http://www.politica21.org/79indice.htm
Segovia: http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=15734.0

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La crónica sigue en:

El origen de la comunidad autónoma de Castilla y León (Parte III)

El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte I)

Blasco Jimeno (@avilaencastilla) es un abulense de 37 años que se ha trasladado a Holanda por motivos laborales hace apenas 2 meses. Nos trae hoy la primera parte de una serie de tres entradas sobre el origen de nuestra comunidad autónoma, Castilla y León. Si quieréis colaborar con nosotros aquí os decimos cómo.

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Desde entonces ya Castilla / no se ha vuelto a levantar/
en manos de rey bastardo / o regente falaz/
siempre añorando una junta / o esperando un capitán
Luis López Álvarez, Los Comuneros

Castilla y León, no la gran Castilla y León que gobernaron reyes como Fernando III el Santo o su hijo Alfonso X el Sabio o que dijo a catalanes y aragoneses: “Vosotros quedaos con algunas islitas del Mediterráneo que yo me reparto con Portugal el Mundo”, si no la pizpireta Comunidad Autónoma de Castilla y León está cerca de cumplir tres décadas (este mes de febrero se cumplirán 29 años de Estatuto). Ahora que ha pasado tanto tiempo, aceptamos con total naturalidad que existan diecisiete Comunidades Autónomas, que Albacete esté en Castilla-La Mancha y no en la Región de Murcia o que el País Vasco lo compongan tres provincias y no cuatro o dos. Sin duda alguna, la mayor parte de nosotros hemos olvidado como en unos pocos años, con mucho desorden, tensión e ilusión, un puñado de personas movidas por intereses digamos, mmm…, altruistas cerraron un mapa totalmente nuevo de España, donde Castilla y León se quedó así, con nueve provincias, como, con la misma facilidad, podía haber quedado con seis, once o dieciséis. Así que, gracias a la invitación de Los 4 Palos, vamos a repasar en tres entregas todo lo que ocurrió en aquellos años para recordar cuál es el origen de nuestra Comunidad Autónoma y por qué es la que es.

Esta historia no puede comenzar con un “Todo empezó una mañana de…”. En realidad, el sentimiento regional castellano y leonés estaba de toda la vida ahí, de fondo, como cada vez que eran las fiestas de los pueblos y las señoras se ponían a bailar una jota o cuando el Real Ávila jugaba contra el Palencia o la Segoviana. Aunque si nos ponemos serios se puede decir que las primeras manifestaciones públicas de regionalismo se vieron a mediados de los años 70, después de llevar dormidas casi cuarenta años debido, claro está, a la Guerra Civil y la posterior dictadura. En aquella época, la España Una, Grande y Libre poseía un modelo hipercentralista donde la capital manejaba el 80% del presupuesto, dejando el 20% restante al resto de instituciones locales y provinciales. La ineficiencia de este modelo hizo que, catalanes y vascos por un lado y los tecnócratas del Régimen por el otro, comenzasen un debate sobre el modelo de estado cuyo run-run si somos sinceros, aún no ha terminado.

(Los motivos por los que se constituye la asociación son) la preocupación por los
graves problemas que en estos momentos afectan a Castilla la Vieja y León que
ven desertizarse gran parte de su territorio, el empobrecimiento progresivo de la
agricultura y el aumento en su desfavor del desequilibrio regional si que frente a esos
factores se alcen los necesarios movimientos de defensa y con el deseo de contribuir
al resurgimiento de Castilla y León despertando sus personalidades espirituales:
historia, arte, cultura, folklore, como de sus intereses materiales de todo orden
Estatutos de Alianza Regional

¿Y cómo se vivía este debate en nuestra tierra? Pues en Castilla y León todo el mundo estaba de acuerdo con el modelo centralista (86% en Castilla y 90% en León), creo que porque nunca se lo habían planteado o porque pensaban que les iba bien con él. Sin embargo, existían unos pocos, sobre todo universitarios (estudiantes y profesores), que habían vivido fuera, en regiones más ricas de España y al regresar se habían dado cuenta que algo fallaba. Se suponía que el centralismo era malísimo para Cataluña y el País Vasco, pero allí había trabajo y una calidad de vida mucho mejor que la castellana, donde los pueblos se despoblaban más rápido que en una guerra. Estaba claro que el centralismo no sólo no había corregido las desigualdades entre Castilla y la periferia, sino que las había incrementado. La presentación en Madrid del borrador del IV Plan de Desarrollo (para los legos: conjunto de normas y planificaciones políticas y económicas franquistas para levantar el País a lo soviético) les dio la razón, por lo que en diciembre de 1975, un grupo de procuradores en las cortes franquistas y profesores universitarios se reunieron para constituir una asociación que defendiese los intereses de la región ante el Plan y el debate territorial que se avecinaba (Franco aún estaba caliente).

La asociación se llamó Alianza Regional y su objetivo más inmediato era movilizar a la gente promoviendo el sentimiento regional, que en aquella época era pequeñito. ¿Por qué? Pues los expertos coinciden en tres razones principales: el uso de las señas de identidad castellanas por parte de las autoridades franquistas como arma antiseparatista, la ausencia de hechos diferenciales como, por ejemplo, una lengua propia y el hecho de que como Castilla montó ese “club” llamado España, la condición de fundadores hacía recelar de cualquiera que pretendiese salirse o erosionarlo. Para la cuestión territorial, la asociación proponía un modelo similar al francés donde las provincias (departamentos) manejaban el cotarro, pero se unirían para desarrollar ciertas competencias juntas en mancomunidades de provincias. La idea era crear una unión de provincias castellanoleonesas que tuviese los mismos derechos y poderes (sobre todo el de recaudar impuestos) que cualquier provincia aforada, como Álava o Navarra.

Los postulados de la Alianza Regional no gustaban a todos los regionalistas, sobre todo a los de izquierdas. No les terminaba de convencer eso de que la Alianza estuviese fundada por franquistas y el proyecto de la mancomunidad les sabía a poco. Por lo que un mes más tarde, en enero de 1976, un grupo de intelectuales, profesores universitarios, empresarios, periodistas, ecologistas y miembros de partidos políticos progresistas se reunió para crear una asociación progresista regionalista a la que llamaron Instituto Regional Castellano-Leonés. Sus objetivos eran los mismos que los de la Alianza, pero discrepaba con ella en algunos asuntos como el color de la bandera de Castilla (morado para los miembros del Instituto o rojo para los de la Alianza) o las provincias que constituían Castilla y León (Castilla la Vieja más León para los aliancistas o las nueve provincias actuales para el Instituto). Y pese a lo que estamos acostumbrados en Castilla y en España, las dos nuevas agrupaciones, a pesar de competir entre sí, se llevaron más o menos bien entre ellas (repito: compartían el mismo objetivo). Aunque como era de esperar, la Alianza, al estar constituida por miembros del Régimen en el poder, tenía más influencia y mejor financiación y al final era la que se llevaba el gato al agua. Una curiosidad para que os deis cuenta de tampoco estaba todo tan politizado como se podría pensar: el Partido del Trabajo de España, de ideología maoista, apoyaba a la Alianza en lugar del Instituto.

Bandera de Castilla según la Alianza

Bandera de Castilla según la Alianza

Bandera de Castilla según el Instituto

Bandera de Castilla según el Instituto

Además existía una diferencia fundamental entre la Alianza y el Instituto. En la España del final del franquismo no existía libertad de asociación. No era como ahora, que si quieres hacer una Asociación para la Independencia de Solosancho (AIS) pues redactas unos estatutos, vas al registro y la creas sin ningún problema. En aquella época, la norma vigente era la Ley de Asociaciones de 1964 que permitía la creación de agrupaciones con fines políticos, siempre que no buscasen obtener poder, es decir, presentarse a unas elecciones. Eso sí, cada vez que se reuniese la asociación había que avisar con 72 horas de antelación al Gobernador Civil de la provincia y, después, permitir asistir a representantes de la autoridad. Alianza Regional no tuvo problemas con estos requisitos y su fundación siguió esta Ley. Sin embargo, el Instituto Regional, para evitar el control del Régimen y a la vez, ser lo más legal posible, se constituyó como una sociedad anónima mercantil.

Esa forma jurídica tan “peculiar” fue utilizada como escusa por el ministro de la gobernación, Manuel Fraga, que en paz descanse, para prohibir, utilizando la ley de orden público de 22 de Julio de 1939, la reunión/manifestación que iba a celebrar el Instituto Regional el 25 de abril en Villalar. “Una sociedad anónima no puede organizar manifestaciones”.  Esta idea se le olvidaba al Sr. Ministro cuando las concentraciones las organizaba GODSA (en aquella época como nadie hablaba inglés, pocos pillaban el chiste), una sociedad anónima que fue el embrión de Alianza Popular. Pese a la prohibición, el día marcado cerca de 400 castellanos y leoneses se dirigieron hacia Villalar por caminos y carreteras secundarias (los accesos principales habían sido cortados) y aunque fueron recibidos por el alcalde de la localidad, los concentrados fueron disueltos por la Guardia Civil.

Mientras tanto, la idea de formar una mancomunidad seguía adelante. El 16 de febrero de 1976, bajo auspicio de la Alianza Regional, se reunieron en Tordesillas treinta procuradores de las Cortes de Franco de las once provincias de Castilla la Vieja y León para pedir medidas descentralizadoras al gobierno (por primera vez desde la Segunda República), con conciertos económicos para las diputaciones similares a los de las provincias aforadas (los procuradores solían ser alcaldes de la capital de provincia y presidentes de la diputación). El día 23 de febrero se repitió la reunión (con la ausencia de los representantes de Logroño y Soria) y se empezó a estudiar cómo se podían mancomunar algunos servicios. Ya en estas primerísimas reuniones apareció un problema que se va a dar en toooodo el proceso autonómico: qué pasaba con León. Los delegados de la provincia hicieron saber que no estaban seguros con quién casaban mejor, si con Asturias, con Galicia o con Castilla. La entrada de Asturias en las reuniones pospuso la discusión. El 17 de mayo, en una nueva reunión, las 12 diputaciones concretaron sus peticiones de conciertos para la región castellano-leonesa-asturiana y acordaron estudiar la constitución de la Mancomunidad de Castilla y León.

No obstante, la mayor parte de los castellanos y leoneses vivían ajenos a los tejemanejes de sus diputaciones y se encontraban pendientes del transcurso de la transición. El 3 de julio, el Rey, que estaba hasta las reales narices del inmovilismo de Arias Navarro, encargó al abulense Adolfo Suárez la formación de un nuevo gobierno. Tres días más tarde, el nuevo presidente salió en horario prime time por la televisión anunciando una Ley de Reforma Política y elecciones democráticas. Estaba claro que los próximos meses iban a ser determinantes para el modelo de estado. Sin embargo, en agosto, la primera acción del gobierno con respecto a Castilla fue un jarro de agua fría para las agrupaciones regionalistas. Adolfo Suárez decidió crear una comisión que estudie la posibilidad de hacer una Región Centro a la medida de Madrid para aliviarla de su sobredesarrollo demográfico. Esta región contaría con las provincias de Madrid, Ávila, Segovia, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. El texto del BOE la justificó así:

“si bien no coincide con la tradicional delimitación regional, sí se aproxima
más al concepto moderno de región como territorio capaz de formular y
protagonizar un crecimiento autosostenido y singular; a la vez que integrado en
los grandes planteamientos territoriales y socioeconómicos regionales”.

La idea se recibió con poco entusiasmo por parte de los Presidentes de las Diputaciones implicadas, pero si realmente se descartó fue porque COPLACO (acrónimo de Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid), un organismo central previo algo caciquil y turbio se opuso frontalmente, ya que veía que la nueva región le iba a quitar muchas competencias, sobre todo las urbanísticas.

Las reuniones para formar la Mancomunidad siguieron su curso durante 1976. A lo largo de este año se crearon dos nuevas asociaciones regionalistas, Amigos de La Rioja y Asociación del Pueblo Cántabro, que se organizaron para desligar sus provincias del proceso regional castellanoleonés. Su presencia era un signo más del desapego creciente de estas regiones por la cuenca del Duero. Sin embargo, ese debate interno sólo consiguió retrasar, pero no impedir la inclusión de Logroño y Santander en la Mancomunidad, que se constituyó el 22 de febrero de 1977 en Burgos. Por primera vez en la historia contemporánea, las provincias de Castilla y León se habían unido para defender juntas sus derechos y hablar de tú al resto de regiones de España. En el ambiente de euforia por el éxito logrado, el Instituto Regional y la Alianza Regional acordaron organizar unidos el primer Día de Castilla y León legal en Villalar el día 24 de abril. El vídeo final, fragmento de un documental sobre la Transición, muestra el transcurso de la fiesta y la opinión de algunos de los asistentes, más o menos enterados, sobre los comuneros, regionalismo y autonomía.

La asistencia de más de 20.000 personas a la Campa confirmó a las asociaciones regionalistas que su trabajo para fomentar la conciencia regional estaba funcionando y les dio esperanzas para afrontar el complicado futuro que se avecinaba con la definición del nuevo modelo de estado y la reaparición en la fauna regional de una especie que desde hacía mucho tiempo no se había visto en libertad: los políticos.

Fuentes:
Los Comuneros, Luis López Álvarez, Edilesa, León, 2007, 7ª edición.
Boletín Oficial del Estado, Número 203, pág. 16488, 24 de agosto de 1976
La Comunidad Autonómica de La Rioja en el Proceso Autonómico Español (1975-1996), Ignacio Granado Higelmo
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. Universidad de Valladolid, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid.

Imágenes:
Instituto Regional: http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=15734.0
Banderas: http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_castilla

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La crónica sigue en:

El origen de la comunidad autónoma de Castilla y León (Parte II)

 El origen de la comunidad autónoma de Castilla y León (Parte III)

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