El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte III)

Y llegó el final. Os traemos la tercera parte de El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León cortesía de Blasco Jimeno. Tercera colaboración de este abulense que ya nos dejó hace algún tiempo la primera y la segunda parte. Muchísimas gracias por las tres aportaciones y por el trabajo que has realizado. Para los demás, ya sabéis… En esta página encontraréis información sobre cómo colaborar con nosotros.

El origen de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Parte III)

abril1980

Los antiguos reinos de Castilla y León han mantenido a lo largo de los siglos
una identidad histórica y cultural claramente definida dentro de la plural unidad
de España. Al ejercer por abrumadora mayoría de sus instituciones representativas
provinciales y locales, el derecho a su Autonomía, en los términos que establece
la Constitución española, el pueblo castellano-leonés ha expresado su voluntad
política de organizarse en Comunidad Autónoma, reanudando así aquella identidad.
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 1983.

1979 y en octubre para más señas, las envidias y anhelos de unos pocos estaban a punto de acabar con el deseo de intelectuales, empresarios y demás regionalistas de conseguir una Comunidad Autónoma Castellanoleonesa robusta dentro de España. Una Castilla y León tan fuerte, que en las futuras negociaciones fuese capaz de conseguir las mismas inversiones para la tierra que los nacionalismos periféricos para sus regiones. Una Castilla y León dispuesta a sacudirse de encima sus tradicionales problemas: despoblación, subdesarrollo, etc.

La Constitución prescribía que la mayor parte de los ayuntamientos de cada provincia de la futura comunidad autónoma se pronunciase favorablemente para su inclusión. Y, además, daba un plazo de seis meses desde que el primer ayuntamiento se pronunciase para que los demás lo hiciesen. Pues bien, el plazo para Castilla y León acababa el 25 de abril, y con esa fecha como referencia, comenzaron las negociaciones de la UCD para que el PSOE regresase al Consejo. Estas negociaciones se centraron en el papel de las diputaciones, la representación provincial igualitaria o la vía de acceso a la autonomía, bien por el artículo 143 o por el 151. Parece mentira, pero esas discusiones, que se llevaron a cabo en una decena de reuniones, fueron clave para gestar la Comunidad Autónoma que hoy conocemos. Gracias a que se renunció a la idea de una mancomunidad de provincias (como se constituyó Castilla – La Mancha) y se consiguieron unos puntos de acuerdo en el resto de asuntos (uno de los más significativos fue el uso del artículo 143 para alcanzar la autonomía, para disgusto de los regionalistas, que pensaban que un referéndum ayudaría a crear una conciencia castellanoleonesa) el PSOE dio el OK para seguir con el proceso.

Sin embargo, el pobre proceso autonómico sufrió un nuevo golpe antes de acabar el año, aunque esta vez por el otro costado. En diciembre, el presidente del Consejo General, Reol Tejada, aceptó un puesto político en Madrid como secretario general de política territorial de la UCD. Este cargo era incompatible con su liderazgo de la autonomía, debido a la dedicación que exigían ambos puestos. En los mentideros políticos se comentaba cómo las decepciones que había sufrido Reol en los meses anteriores (el abandono del PSOE, las tensiones con las diferentes provincias y la actitud de la UCD segoviana) habían pesado en la decisión, que llevó a su dimisión como presidente en el mes de marzo. Sin embargo, para no dejar su trabajo sin terminar, con las votaciones locales en marcha (la mayor parte de los ayuntamientos de Ávila y Palencia ya se habían pronunciado, pero faltaban el resto de provincias) hasta el mes de julio no es sustituido.

El tiempo siguió inexorable su curso y pocos días antes de que acabase el plazo sólo siete provincias habían aceptado entrar en la nueva Comunidad Autónoma: Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora. La inmensa mayoría de los ayuntamientos de León aún no había tomado una decisión. Aquí es cuando entra en escena Rodolfo Martín Villa, cuya biografía os invito a consultar en Wikipedia  (link aquí http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Mart%C3%ADn_Villa), porque desde los años 60 no ha dejado de estar en todos los fregados políticos,  con Franco o con la Democracia. De hecho, hoy día sigue en el candelero: hace unas semanas, fue nombrado consejero del famoso banco malo SAREB.
En abril de 1980 Martín Villa era Presidente de la Comisión de Autonomías de la UCD, líder del partido en la provincia de León y su nombre sonaba como futuro ministro de Administración Territorial (cuatro meses más tarde se cumplieron los rumores). Tanto dentro del partido como en las cortes de Madrid, Martín Villa había sido el principal defensor de una política racional para crear nuevas autonomías, estando totalmente en contra de las comunidades autónomas uniprovinciales y en consecuencia, desde su puesto de Presidente provincial del partido presionó a todos los concejales centristas (especialmente en la capital y en Ponferrada) para que votasen a favor de la incorporación. Desde el punto de vista nacional, a la UCD le interesaba que León estuviese junto a Castilla porque, tal y como estaban saliendo las cosas, con las victorias nacionalistas en País Vasco y Cataluña, era necesario crear una Comunidad fuerte, de centro-derecha, y de carácter español. Y, desde el punto de vista regional, la UCD vio la oportunidad de complacer al PSOE (y a otros partidos, como el comunista), que defendían la unión de la provincia a Castilla. Así, tras varias negociaciones, el PSOE y la UCD de León llegaron a un acuerdo para que sus concejales votasen a favor de la integración, y en los últimos 9 días permitidos (entre el 16 de abril y el 25 de abril) la provincia leonesa cumplió los requisitos constitucionales para entrar en Castilla y León.

Una vez superada la encrucijada, con los políticos de la región un pelín más relajados, en julio se renovó otra vez el Consejo General al que se reincorporaron representantes de León y en el que no había segovianos que, para quienes no se han leído las dos primeras partes de este texto (¡muy mal!) recordamos que la provincia de Segovia había comenzado el proceso para convertirse en una Comunidad Autónoma uniprovincial. También se eligió un nuevo presidente para sustituir a Reol Tejada: José Manuel García-Verdugo, del partido con más representantes en el Consejo, la UCD. Entre las funciones del nuevo Consejo, se incluía la redacción del primer (y anhelado) Estatuto de Autonomía de la región. Sin embargo, lo que ocurrió en España en los meses siguientes, incidió profundamente en la escritura de la nueva norma.

Nos encontramos a finales de 1980 – principios de 1981, con una España sumida en la segunda crisis del petróleo, con una gran inflación, paro y fuga de capitales, políticamente descentrada por el proceso autonómico, la violencia de ETA y los GRAPO, el descontento militar y sindical. En este ambiente y bajo la presión de su propio partido, también en crisis, nuestro paisano, Adolfo Suárez, dimite el 29 de enero de 1981. Leopoldo Calvo Sotelo es el encargado de formar nuevo gobierno, pero en su primera votación no obtiene la confianza del congreso. En el segundo intento, algo se lo impide:

Aunque ahora recordamos el 23F como un hecho aislado, una anécdota del tipo de las de “que hacías tú el…”, la influencia del golpe de estado en la política territorial fue tremenda. Tras la “iniciativa” del Teniente Coronel Tejero se escondía el miedo de los militares a una ruptura de España entre tanto lío de Lehendakaris, referendums regionales y demás pamplinas. Explícale tú a un militar de los de toda la vida y carrera franquista, que España ya no es Una. Los políticos, mientras estaban debajo de sus escaños, captaron el descontento del ejército con el proceso autonómico y se propusieron acabar con él y con sus desmanes, haciendo que con su fallido golpe de estado, los militares de ideas más rancias, en cierta forma, triunfaran. Sólo una semana después de su nombramiento, el nuevo presidente Calvo Sotelo encargó a un abogado cántabro, Eduardo García de Enterría, que dirigiese una comisión de expertos para analizar la situación de los procesos autonómicos y encontrara la forma más sencilla de concluirlos. Las conclusiones de esta comisión se recogieron en el denominado “Informe Enterría”, que recomendaba eliminar la mayor parte de las iniciativas autonómicas uniprovinciales por medio del artículo 144 de la Constitución, que daba poder a las Cortes Generales para sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a la hora de pedir la integración en una Comunidad Autónoma.

Tanto la UCD, partido en el gobierno, como el PSOE, principal partido de la oposición, estuvieron de acuerdo con el Informe y, en una reunión en La Moncloa entre Calvo Sotelo y Felipe González , el 31 de julio de 1981, lo pusieron en práctica, cerrando el mapa autonómico de España. Los denominados “Acuerdos Autonómicos” que salieron de la reunión establecieron un mapa de diecisiete autonomías y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y donde Castilla y León se compondría de 9 provincias, incluyendo  León y Segovia y dejando que Logroño y Santander formasen La Rioja y Cantabria, respectivamente. Desde el punto de vista ejecutivo, los Acuerdos Autonómicos obligaron a las Comunidades Autónomas que no habían terminado su proceso fundacional a seguir el artículo 143. Es decir que, salvo Cataluña y el País Vasco, que habían aprobado sus estatutos en 1979 y Galicia que había ratificado el suyo en 1981 (con el truco que vimos en la parte anterior para saltarse los requisitos del artículo 151), las demás regiones deberían contentarse con un nivel de competencias inferior.
Pese a las reticencias de la UCD, se respetó que Andalucía siguiese la vía del artículo 151, puesto que ya había celebrado su referéndum (con alguna trampa en el recuento) en 1980. Por supuesto, las regiones con los políticos más tenaces (Navarra, Canarias y Valencia) consiguieron procesos específicos y alcanzaron desde el primer momento la plena autonomía.

Volviendo a la esfera regional, que la UCD y el PSOE pactasen en Madrid, no significaba que en Castilla y León fuesen de la mano. Y de hecho, el 22 de junio de 1981 el texto base del Estatuto de Autonomía se aprobó sin el apoyo del PSOE. Este proyecto, ahora 30 años más tarde, nos parece de política ficción. En él se elegía Tordesillas como la capital de Castilla y León, las Diputaciones Provinciales tenían más poder que las Cortes Regionales y en el sistema electoral las provincias menos pobladas (y menos izquierdosas) tendrían más representación.

Pero la crisis de la UCD impidió la tramitación de este proyecto de Estatuto que hubiese creado una Castilla y León totalmente diferente. En el ámbito nacional los problemas de la UCD pasaban por la dimisión de ministros, las tensiones de las sedes regionales, la mala situación económica y la crisis del aceite de colza que había difundido la corrupción generalizada dentro del partido, mientras que en la UCD de Castilla y León  el proceso autonómico segoviano era otra fuente de tensión. Mientras el Consejo seguía con la negociación del traspaso de competencias, la UCD se rompió. El 29 de julio de 1982, Adolfo Suárez formó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social. Ante ese panorama, Calvo Sotelo decidió convocar elecciones para el 28 de octubre de 1982.

Hay gente que dice que con la victoria del PSOE en dichas elecciones la Transición se pudo dar por acabada. Sin embargo, en nuestra región aún nos quedaba camino que recorrer. La derrota de la UCD fue estrepitosa: perdió 155 escaños y Alianza Popular, el partido político de Manuel Fraga, recogió el voto de centro derecha, convirtiéndose en el principal partido de la oposición. En Castilla y León, el resultado de las elecciones, PSOE: 18 diputados, AP: 13 diputados, UCD: 3 diputados, CDS: 1 diputado (por Ávila, of course), obligó a cambiar el Consejo General, puesto que hasta el propio Presidente García-Verdugo no había conseguido acta de diputado (no obstante, repitió como presidente gracias a un chanchullo negociado con AP). En la renovación, la UCD conservó la mayoría, dado que los representantes en el Consejo por parte de las diputaciones no cambiaban y todos eran centristas. Sin embargo, perdió la mayoría absoluta, lo que obligó a negociar un Estatuto de consenso.

enero1983

La irrupción de Alianza Popular, un partido que no había suscrito los Pactos Autonómicos y cuyas declaraciones hasta la fecha eran en contra de la autonomía, propició las últimas tensiones territoriales, quizás motivadas por la proximidad de elecciones locales. Por un lado, la provincia de Burgos, encabezada por el Ayuntamiento de Villadiego, pidió la secesión agraviada por la pérdida de la capitalidad en favor de Valladolid (se podría decir que querían tomar las de Villadiego :P) y por otro lado, León, donde a pesar de que la UCD no había perdido tantos votos en esa provincia, varios alcaldes (entre ellos el de León capital y Ponferrada) y el gobierno de la Diputación se echaron atrás y comenzaron a pedir la secesión y el comienzo de un proceso autonómico uniprovincial.

El problema burgalés fue más sencillo de solucionar, ya que el Presidente de la Diputación, Francisco Montoya, no secundaba las tesis secesionistas de algunos de sus ayuntamientos. El 21 de enero de 1983, el presidente del Consejo, García-Verdugo, escribió una carta a los ayuntamientos de Burgos en los que defendió la necesidad de una Castilla y León fuerte para la defensa de España y de la región en España. Después de su carta, muchos ayuntamientos recularon y trasladaron todas sus energías a pedir simplemente la capitalidad. He aquí la razón por la que Castilla y León no tiene oficialmente capital. Las negociaciones de los redactores del Estatuto con los burgaleses (y con los representantes de otras ciudades candidatas) hicieron que en el texto fundacional se indicase que la capital se elegiría posteriormente en otra ley. No hace falta que os diga que treinta años después esa ley aún no existe, aunque todos sabemos cual es la capital de facto de la región. De aquellas negociaciones, Burgos no se fue con las manos vacías, y  consiguió ser nombrada sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El asunto leonés era mucho más áspero. Las encuestas mostraban que una ligera mayoría de leoneses preferían la opción uniprovincial  y Rodolfo Martín-Villa, que había sido el responsable de la integración de León en el proceso autonómico, había dimitido como diputado tras su fracaso en la contención de los miembros secesionistas de su partido. El día 29 de enero de 1983 se organizó una manifestación bajo el título “León sin Castilla” que tuvo bastante éxito (los presentes coreaban eslóganes como “un bote, dos botes, castellano el que no bote” y “León sin Castilla, una maravilla”). Inmediatamente después de la concentración, Alianza popular presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de Estatuto en la comisión Constitucional, que propició un intenso debate en la Cámara. Por un lado, se discutió sobre las razones políticas, demográficas y legales que existían para proponer una comunidad autónoma leonesa y, por otro, se deliberó sobre si la legislación permitía a provincia echarse atrás una vez que se había apuntado a un proceso autonómico. Las conclusiones de este debate hicieron que Alianza Popular se quedase sola en su defensa del leonesismo y, tras sendas votaciones en el Congreso y en el Senado, se decidió rechazar la enmienda a la totalidad de AP y la provincia de León se quedó definitivamente integrada en Castilla y León.

cuellarTodo esto ocurrió un par de semanas antes de la aprobación del Estatuto en las Cortes. Pero aún quedaba un fleco suelto: la integración de Segovia.
Desde la retirada de Modesto Fraile y los diputados segovianos de la Consejo General de Castilla y León, en Segovia había comenzado un movimiento para formar su propia autonomía. La opinión pública española pensaba que se trataba de un caso flagrante de caciquismo exacerbado por parte de Modesto Fraile y la cúpula de la UCD segoviana. Las llamadas al orden por parte de la UCD nacional y la UCD regional no habían funcionado y la Diputación segoviana, a partir de tres informes, uno histórico, otro legal y otro socioeconómico (el histórico era un informe anónimo) decidió el 31 de julio de 1981 comenzar su proceso autonómico uniprovincial.
Todos los ayuntamientos pequeños de la UCD se mostraron a favor de la autonomía segoviana, trece ayuntamientos del PSOE y uno independiente votaron en contra. Segovia capital en un pleno histórico se posicionó en contra del proceso autonómico, empatando el marcador. Así pues, todo quedaba en manos de Cuéllar, la segunda población más grande de la provincia, que en la prórroga tenía que decidir el partido entre una Segovia independiente o una Segovia sin comunidad autónoma a la que las cortes integrarían en Castilla y León. Para darle más emoción, como si fuese la final de un mundial, resulta que Cuéllar era el pueblo natal de Modesto Fraile, era el lugar donde ejercía como concejal el Presidente de la Diputación, el secesionista Rafael de las Heras, y, por si fuera poco, el Ayuntamiento contaba con mayoría absoluta de la UCD.
Todas estas circunstancias hacían probable la victoria del uniprovincialismo. Sin embargo, había un factor que no se había tenido en cuenta hasta el momento y es que los habitantes del pueblo estaban totalmente a favor de integrarse en Castilla y León. Se constituyeron en el “Colectivo Cuellarano pro-Castilla y León”, y organizaron manifestaciones a favor de la integración de Segovia en la Comunidad Autónoma.

En una primera votación, el día 7 de octubre de 1981, Cuéllar decidió apoyar la vía uniprovincial por 7 votos a 6. El escándalo en la sala, repleta de vecinos, fue mayúsculo y los concejales no pudieron salir del Ayuntamiento hasta las 3 de la madrugada. El Partido Socialista impugnó el acuerdo y el Ayuntamiento, presionado por sus ciudadanos, decidió reconsiderar su decisión y realizar una nueva votación el día 3 de diciembre de 1981 en la que ganó el no a una Segovia independiente por 7 votos contra 6. La diputación de Segovia recurrió de nuevo la votación de Cuéllar, pero la crisis de la UCD primero, la victoria del PSOE después y la poca pasión de las Cortes Generales por conceder la autonomía a los segovianos después de los Acuerdos Autonómicos y el Informe Enterría evitaron que la decisión de Cuéllar cambiase. Días después Modesto Fraile abandonó la UCD y pasó al grupo mixto. El fracaso de Segovia la convirtió en la única provincia (junto con Ceuta y Melilla) que dependía del Estado Central. A finales de 1982 comenzaron los movimientos para aplicar el artículo 144.c a la provincia e incluirla en Castilla y León. Sabiendo que esa Ley se iba a aprobar, el Estatuto de Castilla y León pasó los últimos trámites y fue sancionado el 25 de febrero por el Rey. Cuatro días más tarde las cortes aprobaban la ley por la cual Segovia se incorporaba a Castilla y León, concluyendo así el proceso autonómico y naciendo la Castilla y León actual. La Castilla y León que todos conocemos y tras treinta años, nos parece que ha estado ahí toda la vida.

marzo1983

Fuentes:
Fuerzas políticas en el proceso autonómico de Castilla y León. Mariano González Clavero. Tesis doctoral. UVa, 2002
XXV años de autonomía en Castilla y León. Pablo Pérez López, José-Vidal Pelaz López, Mariano González Clavero. Cortes de Castilla y León, 2008.
El regionalismo en Castilla y León. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid
Cuando Segovia pudo ser una comunidad autónoma (1978-1983) http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=15734.0

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