Por la retirada del medallón de Franco

A unos trescientos metros de mi casa hay un lugar donde parece que no llega la ley. Es un bar, a pesar de no tener ningún cartel que lo identifique; un bar a la antigua usanza. Si te acercas a los cristales oscurecidos por la suciedad, puedes ver una barra diminuta en la que normalmente se acodan cuatro hombres sobre cuatro taburetes de antes relucientes patas metálicas. Al otro lado de la barra, un hombre con un parche en un ojo, el pelo entrecano y un jersey verde militar, limpia con una paño amarillento vasos mellados. Los parroquianos son gente mayor, jubilados, que pasan allí la mayor parte del día. ¿Y por qué afirmo que hasta allí no llegan las leyes? No lo digo porque el bar sea frecuentado por prostitutas, o porque allí se vendan drogas, cosa que sospecho. Lo digo porque en ese bar se sigue fumando. Sí, quizá sea una cosa nimia al lado de la venta de drogas, pero no deja de ser un incumplimiento de la ley. Quizá a usted esa ley le parezca una estupidez, pero a pesar de su opinión de reputado leguleyo no deja de ser una ley.

Supongo que todas las ciudades tienen algún rincón donde la ley no se aplica con todo su rigor. Esto es España, qué le vamos a hacer. Ávila, por supuesto, también tiene sus rincones al margen de la ley. Aunque no lo sepa de primera mano, supongo que habrá algún bar en el que se fume, pero no me refiero a eso. Hablo del medallón de Franco, ese dictador bajito con bigote, que permanece ubicado en la Calle Don Jerónimo/Gerónimo, antigua Calle Generalísimo, a pesar de que una ley vigente (la 52/2007 de 26 de Diciembre, en su artículo 15.1) obligue a las Administraciones públicas a retirar de los edificios y espacios públicos escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura.

La ley 52/2007 que afecta al citado medallón abulense, primo hermano pobre del mucho más famoso situado en la Plaza Mayor de Salamanca, fue denominada Ley de Memoria Histórica, título sin duda mucho más pomposo y recordable que ley “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura” que es como figuraba en el BOE.

No voy a negar que saco este tema, la necesaria retirada del medallón, aprovechando que el debate sobre la Memoria Histórica, concepto por otra parte peculiar, difuso y seguramente mal definido; vuelve a estar de actualidad, sobre todo a raíz del juicio al juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. En dicho juicio, por cierto, participó Pedro Fausto Canales Bermejo, hijo de un abulense de Pajares de Adaja, asesinado tras el golpe de Estado y cuyos restos se encuentra en una caja del Valle de los caídos. Además, ha vuelto hace poco a estas página a través del testimonio de Albino Garrido, republicano de Tornadizos, preso en campos de concentración y protagonista de una vida propia de una novela. Me cito a mi mismo en este mismo espacio hace algunos meses para dar algunas cifras de lo que supuso la Guerra Civil en la ciudad, por si alguien no conoce los hechos:

“En el primer mes, casi sesenta personas fueron fusiladas por motivos políticos, otros 12 en los siguientes 10 días y 30 en la trágica noche del 31 de Agosto al 1 de Septiembre. El golpe de Estado supuso la detención de cientos de presos, tantos que desbordaron el recinto carcelario provincial y tuvo que habilitarse el Seminario de la Calle San Millán como prisión provisional. El destino de estos presos fue, en muchos casos, los trabajos forzados. Aquellas personas se convirtieron en una suerte de esclavos utilizados para reformar, entre otras cosas, el Teso del Hospital y el Paseo de San Roque. Muchos de ellos murieron por las duras condiciones en las que eran obligados a trabajar, entre ellos el último alcalde socialista de la ciudad, Eustaquio Meneses. Los primeros años de dictadura trajeron la depuración de cientos de funcionarios, algunos de los cuales no recuperaron nunca sus puestos.”

Además de ser, por desgracia, un arma política, la Memoria histórica es un ejercicio necesariamente doloroso como sociedad por cuanto debe suponer evaluar de forma crítica no solo lo sucedido durante la Guerra, la represión y la dictadura, trabajo propio de historiadores, sino también las actitudes de todos nosotros, de manera individual y colectiva, ante las rémoras que aún hoy en día impiden cerrar definitivamente tan trágico episodio. Rémoras como el medallón de Franco, negar la gravedad de algunos hechos, mirar para otro lado o evitar que las víctimas puedan vaciar unas fosas comunes que deberían avergonzarnos a todos.

No tengo a ningún familiar directo abandonado en una cuneta o junto a la tapia de un cementerio y mi abuelo (casualmente del mismo pueblo que Albino Garrido y al que todavía recuerda), el único que combatió en la Guerra Civil, lo hizo en el bando nacional tras ser reclutado en el campo, como muchos otros abulenses a los que les tocó en desgracia participar en la guerra. No es algo personal, por lo tanto, lo que me lleva a avergonzarme de que en Ávila aún siga la efigie del dictador decorando una esquina del casco histórico. Tampoco creo que la retirada del medallón o la apertura de las fosas sea una venganza ¿Venganza contra quien? Ni creo que todo esto suponga cuestionar la Transición o traicionarla, ni romper un pacto de silencio que nunca ha existido. Ni siquiera creo sea una cuestión de justicia, básicamente porque no creo que la justicia sea tal cuando se demora varias décadas. Tan solo creo que la retirada del medallón de Franco, y de algún otro testimonio de la Guerra Civil y de la dictadura, es simplemente una cuestión de sentido común. Tan de sentido común como fue retirarle hace no mucho tiempo el título de Alcalde Honorífico de la Ciudad o eliminar del callejero las referencias más evidentes a los citados hechos.

Y si no es por una cuestión de sentido común, háganlo al menos para cumplir la ley.

PS.- La venda antes de la herida. Aja, sí, ya sé que hay otras prioridades, que hay muchos parados, que la economia está muy mal y el futuro da mucho miedo. Pero verán ustedes, yo aún confío en las capacidades de nuestros representantes y de la sociedad. Si mi móvil puede hacer varias cosas a la vez, estoy seguro que los cargos públicos también pueden atender varios asuntos a la vez. Y este, pueden estar seguros, no les debería llevar mucho tiempo resolverlo con algo de voluntad.

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